Palou García en Milenio-Puebla.

Diario Milenio-Puebla. (12-Junio-07)
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Entrevista con Pedro Ángel Palou García, Rector de la UDLA-PueblaLa UDLA dejará de pertenecer a una familia (I)
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El rector afirma que se ha decidido ampliar el patronato e integrarlo con “los mejores hombres y mujeres de los sectores filantrópico, empresarial y educativo”.

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La Universidad de las Américas Puebla dejará de ser una institución familiar, “será la universidad de los mejores intereses de México”, afirma Pedro Ángel Palou García, su rector de los dos últimos años y quien en meses recientes pretendió ser defenestrado por un grupo de académicos, consejeros y funcionarios.

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Ahora Palou habla de la decisión de Guillermo Jenkins de ampliar el patronato, la máxima autoridad de la institución, e integrarlo con “los mejores hombres y mujeres de los sectores filantrópico, empresarial y educativo”, que representen intereses sociales y, a diferencia de otras instituciones particulares, ésta no es una asociación civil, por lo que nunca se podrá vender.

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En su oficina minimalista de la rectoría, el escritor habla mesurado. Sus respuestas son inmediatas y sus conceptos precisos, tanto como el compromiso de mantener los valores de libertad de expresión y cátedra, respeto a la divergencia y acabar con la simulación democrática en los órganos colegiados.

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Advierte que las nuevas reglas de un patronato ampliado impedirán que grupos o personas internos o externos atenten contra la estabilidad de la universidad, que se mantendrá asociada a instituciones de educación superior de EU y empezará un proceso de rediseño de los órganos internos responsables de la toma de decisiones.

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Palou nos comparte su visión de la crisis que ha vivido la UDLA en meses recientes y del futuro inmediato de una las instituciones privadas más importantes del país. A la comunidad y a los padres de familia les garantiza que seguirá creciendo y fortaleciendo su propuesta académica.

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FACC. Doctor Palou, lo que pasa en la Universidad de las Américas nos importa a los poblanos. Acaban de vivir momentos tensos y la percepción social es de problemas graves. Entiendo que abren una nueva página y están por cerrar otra. Nos gustaría hablar de la que están cerrando. ¿En qué momento patronato y rectoría confirman lo que a final de cuentas se le llamó conspiración? ¿Existe un movimiento para desestabilizar y cambiar de mandos y la propiedad de la institución? ¿Hay un momento específico?

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DR. PALOU. Empieza el 23 de marzo. Creemos en ese momento todavía que es una cuestión estrictamente aislada. Que se trata de un consejero universitario que tiene una visión particular sobre la universidad. En ese momento el presidente del consejo, Luis Regordosa, le solicita –está en el acta misma, en la minuta– que debido a que hay una serie de acusaciones falsas que involucran, sobre todo, al patronato, que solicite una cita con el patronato de la universidad y que exponga sus dudas, pero sobre todo, que el Consejo no es el vehículo para informar de una posible compra, como dijo ahí el 23 de marzo. El Consejo no es legalmente autoridad en la UDLA ni ejerce acto de dominio ni patrimonial, que por lo tanto tiene que pedir una cita.

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En el Consejo universitario desde sus orígenes hay un consejero delegado del patronato, que es Juan Eustace Jenkins, de manera que había allí, pues, un miembro del patronato que le reitera esto a Neil Lindley y le dice: “Doctor Lindley, ¿tiene usted alguna duda específica sobre el patronato? Por favor, yo soy el vehículo para solicitarlo.”

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Nos damos cuenta, o la universidad completa se da cuenta, sin embargo, que esto fue un asunto que hasta ese momento, día de marzo, se pensaba que era un asunto estrictamente privado del Consejo. El doctor Lindley ya lo había ventilado al periódico estudiantil, ya lo había convertido pues en un escándalo público mediático y el patronato le cita precisamente en el consejo, a platican un tema, y le piden al doctor Lindley que antes del siguiente consejo, que es el 24 de mayo, presente pruebas de sus acusaciones que ya hizo públicas, si es que las tiene, o se retire del Consejo.

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Lindley, en lugar de hacerlo así (nunca lo había contado así, con esa precisión, pero la pregunta es tan precisa, la contesto con tal precisión). Lindley, en lugar de hacerlo así, lo que hace es insistir públicamente en que la familia tiene que irse, en que él representa un consorcio y que este consorcio está dispuesto a dar alrededor de 150 millones de dólares, de los cuales ya hay 25 a la vista. Ante la negativa y ante el cierre en ese momento de comunicación con el patronato el día 14 de mayo, el presidente del Consejo, al reiterar estas acusaciones públicas Lindley, le solicita su renuncia como miembro del Consejo, por violar el código de ética del Consejo con la confidencialidad de todos los asuntos, como cualquier empresa privada. Si tú perteneces al consejo de administración o al consejo consultivo de esta empresa, sabes que tienes informes financieros, informes muy confidenciales de la vida de esta empresa, sea la UDLA o sea cualquier otra. Lindley dice que no acepta esta renuncia, que se lo tendrían que pedir todos los consejeros en bloque, y anuncia una serie de medidas estratégicas. Algunas de ellas, incluso, en algún medio local electrónico, donde dice que va a venir a Puebla, que va a hacer una serie de reuniones, que espera tener alrededor de 200 académicos listos para “willing”, dice él, con la voluntad suficiente para tomar el Consejo Universitario y desde allí, incluso dice textualmente, “estudiar jurídicamente cómo reponerle a los Jenkins sus inversiones históricas en la universidad y que don Guillermo quede con un cargo honorario, una silla honoraria en el nuevo patronato”. Es decir, está ya claro para ese entonces que no era el Consejo, que era el patronato y que incluso tenía una propuesta, digámoslo así, como si la voluntad de la fundación Mary Street Jenkins en la UDLA tuviera un sentido económico. Es decir, aquí lo que nunca entendió Lindley, o el consorcio o quienes sean los que Lindley representa, nunca entendió que la Fundación Mary Street Jenkins ha apoyado a la universidad en su historia, no para obtener algún beneficio. Por lo tanto, no hay manera de reponer la inversión de la Fundación Mary Street Jenkins, porque la fundación nunca ha pedido la reposición de estos fondos, que son alrededor de 120 millones de dólares en la historia desde que se compró este campus a los Ávila Camacho en los sesenta. Entonces, es bastante más complejo que lo que pretendía esta persona.

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FACC. Hay un asunto que genera más preocupación en los sectores académicos, y es el trato que se les dio a algunos investigadores. Debemos marcar dos tiempos. Hay vicerrectores y funcionarios que presentan sus renuncias y se van liquidados sin protestas. Pero el tema con los académicos, ahí si hubo revuelo y denuncias en torno al tema. Entonces, ¿era necesario esta trato o no se dio? ¿Qué pasó?

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DR. PALOU. Yo sí quiero aclarar que no hubo mal trato. Es decir, en la historia de la universidad hay siempre un mecanismo que se sigue en el momento en que una persona de un puesto administrativo o académico deja su posición. Se le avisa en Recursos Humanos, se toman las previsiones del caso, se estudia con la persona si acepta o no. Si va a aceptar, digamos, la propuesta incluso económica, debido a los años, de carácter legal. La universidad en ese momento siempre negocia; lo hizo con todos esto profesores. Casos específicos, becas de los hijos, coches, porque la universidad tiene prestaciones específicas, meses de salida de las casas, y el académico o el administrativo lógicamente dicen: “pues déjame consultar con un abogado, no voy a dar una respuesta en este momento”, en uso de sus facultades legales. En ese momento, una persona de Auditoría Interna de la universidad, de Recursos Humanos, y un guardia de seguridad –la UDLA no tiene policías– acompaña al profesor a su cubículo porque a partir de ese momento para la universidad ha dejado de prestar sus servicios, aunque legalmente él tome la una decisión de ir a la Junta de Conciliación y hacer un proceso.

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La cantidad de libros o cosas que tiene un profesor en un cubículo, y yo mismo... Vamos, en la época en que yo era profesor en el Departamento de Literatura, salieron así 7 profesores en la historia, digamos, de 12 años, allí. Si el profesor no se puede llevar sus libros, se pone un candado en la oficina. La razón de poner el candado es resguardar los bienes del profesor, para bien de la institución. En el caso de que, como ocurrió con los profesores, en dos casos, no firmar; entonces viene un notario público y se deposita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje lo que está allí. En el caso de que la persona termina su proceso legal, junto con la persona, abierto –por eso hay filmación–, se abre ese candado y se hace todo el inventario de los bienes del profesor. Es más, un resguardo de una serie de bienes que el profesor no va a poder cuidar a partir de ese momento, porque no va a entrar cotidianamente a su cubículo y la universidad, por razones, pues, del finiquito, tiene que responder a esos bienes.

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FACC. ¿Rechaza entonces que haya habido mal trato o vejaciones a los investigadores?

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DR. PALOU. No ha habido. Ninguna. Uno de los profesores que no ha firmado, por ejemplo, vive en la zona residencial, utiliza un coche, prestación, mientras termina su proceso legal. Si hubiera hostigamiento, iniciado un juicio que lo hubiera sacado violentamente de su casa; es decir, todo lo contrario. Esta persona, en uso de sus facultades legales, ha decidido ir a la Junta de Conciliación y llevar el tema como un tema laboral. Mientras esto ocurra vive en la UDLA, transita por la zona residencial, utiliza un coche de la prestación.

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FACC. ¿Quién es él?

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DR. PALOU. Isidro Morales, por ejemplo. En próximos días, uno de los profesores de Economía, que así lo ha solicitado, él y su asesor de tesis que es Isidro, viene a un examen profesional, como asesor de tesis. Para la universidad es fundamental que terminen los procesos. Aquí estará, habrá un examen profesional normal, como debe ocurrir. Rechazamos profundamente el hostigamiento. Por ejemplo, la maestra que incluso ha hecho las declaraciones en torno de este hostigamiento, ella misma, nerviosa, salió corriendo de la institución y fue a poner un acta por futuro robo, porque habíamos puesto un candado. Incluso, como debe pasar, vinieron gentes a tomar fotos de la PGR –o PGJ, perdón– a checar si había habido tal cosa. Vieron el candado, que había un resguardo institucional y en su momento vino un notario público, dio fe de lo que había adentro y está depositado en la Junta de Conciliación. Son los únicos dos profesores que no han firmado, María Eugenia e Isidro.

Fernando Alberto Crisanto